Origen y breve historia de la figura del Coordinador/a de Parentalidad
Ante el gran número de procesos judiciales abiertos en la actualidad en los juzgados de familia, colapsados en la mayoría de los casos y que supone un agravamiento de los problemas familiares y repercutiendo directamente en la figura del menor, a nivel nacional un creciente número de magistrados están demandando ser asistidos por profesionales que puedan intervenir con sus conocimientos específicos, especialmente en aquellos procedimientos que se han enquistado y que, con las siguientes características pueden definirse como de alta conflictividad.
Esta tendencia, a la que ya se acogen algunos jueces de familia de los juzgados de Aragón, no es nueva. Esta figura nace en los años 90 en EEUU y Canadá junto con los estudios que señalan que no es la separación lo que más afecta a los niños/as, sino factores como el conflicto interparental. De esta manera, la Coordinación de Parentalidad surgió para dar respuesta a las necesidades de estas familias fuera de los juzgados y como un instrumento más que el juez puede utilizar para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Según la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia), cada año se producen en
España 400.000 divorcios, que afectan a 150.000 menores de edad. Estos divorcios, como procedimientos judiciales, duran aproximadamente unos tres meses si son de mutuo acuerdo y unos nueve meses si son contenciosos, pudiéndose prolongar mucho más en el tiempo cuando la resolución no es aceptada por una de las partes implicadas o por ambas.
En el transcurso de dicho procedimiento se toman decisiones que van a afectar no sólo a la pareja que se separa, sino también a los hijos/as con los que conviven, sean estos/as descendientes de ambos o de uno sólo de los padres. Esos niños/as y/o adolescentes van a vivir el fin y la transformación de la convivencia familiar tal como la conocían hasta ese momento, y en muchas ocasiones van a ser el centro de atención de un procedimiento judicial que no han decidido y que no comprenden, con el daño psicológico que esto conlleva.
En España se inicia un proyecto piloto en Valencia tras las experiencias de la Generalitat de Cataluña y de las islas Baleares desde el 2015, (si bien el Magistrado Pascual Ortuño ya hablaba de esta figura en 2008) y los jueces de familia demandan esta figura auxiliar cada vez de manera más habitual en los casos de alta conflictividad familiar.